El expediente con las supuestas pruebas fueron entregadas este lunes por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que fijó el juicio preliminar para el 12 de agosto.
Los abogados de Rodríguez afirmaron en un documento que de una lectura preliminar al voluminoso expediente de los cerca de 400 interrogatorios no evidencian que el exprocurador haya solicitado o aceptado sobornos ni pagos irregulares en su beneficio, «lo que sí sucede con relación» al exjefe de Gabinete de la Procuraduría, Rafael Steffano Cano Sacco y dos empresarios.
«Resulta insólito que en más de 100 interrogatorios, reales o no, el exjefe de Gabinete y presidente del movimiento político Renovación, Rafael Canó Sacco, sea directamente señalado de graves y serios crímenes contra el erario, y hasta la fecha no figure como imputado», dijo el consejo de defensa de Rodríguez.
Alegaron que, en un caso de alegada corrupción administrativa, la persona que revisaba y aprobaba absolutamente toda actuación y que coordinó absolutamente todo lo relativo al movimiento político Renovación, incluyendo todas las contribuciones de campaña y pagos a presuntos asesores mexicanos, esté prófugo y con un simple «yo no fui», «fue él», sea el fundamento de una acusación.
«Es inverosímil que Rafael Canó Sacco no figure en la acusación cuando hay cientos de pruebas que lo comprometen. El artículo 65 del Código Penal establece bien claro que los crímenes y delitos que se cometan, no pueden ser excusados, ni la pena que la ley les impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la misma ley declara admisible la excusa, o autorice la imposición de una pena menos grave», agregaron los letrados.
A su vez, los juristas demandan que Canó Sacco sea traído al país a enfrentar la justicia como los demás señalados. «Es evidente que el señor Canó Sacco fue excluido del expediente ante aparente negociación, de la cual no se tiene detalle alguno».
El proceso contra Rodríguez y otros decenas de acusados se conocerá en el salón de audiencias de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, debido a la cantidad de partes procesales que intervienen en el caso.
Con esta etapa se inicia el juicio a la prueba, en la que se determinará si la acusación tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo o de lo contrario se dictaría auto de no ha lugar, precisó el Ministerio Público en una nota.
El Ministerio Público presentó a principios de este mes acusación formal contra de Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.
En el expediente de la llamada «Operación Medusa» figuran 41 personas y 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos, dijo entonces a la prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según la acusación.
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