En una ocasión hablaba con un español, quien sintiéndose abrumado por el desorden de nuestro sistema de tránsito, dijo: «los mejores conductores del mundo son los dominicanos; quien aprende a guiar un vehículo en la capital del país, estará preparado para conducir un vehículo en cualquier ciudad del planeta; no puedo creer que tantos vehículos desordenados y sin ningún orden lógico, no choquen a cada minuto».
Hasta hace 4 años, un país con una de las más modernas capitales, controlaba su tránsito cobijado bajo la anacrónica ley 241, que data del 1967, cuando sólo había 3 calles y se desplazaban dos o tres vehículos. Fue preciso adoptar un nuevo ordenamiento jurídico que regule nuestro sistema vial; el diputado Tobías Crespo, sometió al Congreso lo que hoy tenemos como «ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana».
Somos tan sui generis, que cualquier persona del lugar más recóndito del país, vende una yunta de bueyes, compra un carro o una camioneta y se mete a la zona urbana a provocar atascos y accidentes; su filtro y prueba de fuego estaría para obtener la licencia de conducir, que con la nueva normativa en pleno funcionamiento, le sería casi imposible; mientras creamos conciencia del mal que ello nos provoca, ese sujeto se pavonea por las calles de la ciudad con su nuevo juguete.
Según datos aportados por la Dirección General de Impuestos Internos, nuestro parque vehicular (exceptuando las maquinarias pesadas) ronda actualmente en los 4.8 millones de unidades, de los cuales 2.7 millones corresponde al sector motocicletas. Conforme a las proyecciones de nuestro último censo nacional de población y vivienda, servido por la Oficina Nacional de Estadística, en nuestro país tenemos unos 10 millones de habitantes (un vehículo de motor por cada dos personas).
En El Salvador, un país con 21 mil kilómetros cuadrados y una población de 6.3 millones de habitantes (por mencionar uno de la región), su parque vehicular ronda 1.4 millones de unidades, incluyendo medio millón de motocicletas (1 vehículo para cada 4.5 personas); aunque le doblamos en superficie territorial, podemos ver que le triplicamos en vehículos. Poseer una gran densidad vehicular no debe traducirse necesariamente en caos y desorden, ya que hay otras ciudades con una mayor densidad sin enfrentar ese problema. ¿Por qué? Por la organización de su sistema de tránsito.
En República Dominicana se hace más que preciso urgente, la organización de nuestro sistema de tránsito. Tenemos envidiables obras de infraestructura vial y una moderna ley que se ajusta perfectamente a estos tiempos. ¿Qué nos falta? Voluntad política y responsabilidad de los gobiernos que hemos tenido y tenemos para organizar nuestro tránsito. Hacerlo le conviene tanto a la población como al gobierno que decida afrontarlo; en el caso de la primera, porque ahorraríamos millones de galones de combustible al mes y perderíamos menos tiempo en las calles; al segundo, porque además de llevarse los créditos, tendría una importante fuente de ingresos al menos en los dos primeros años de implementarlo.
Cuando una entidad como DIGESETT, en un tránsito de 4.8 millones de vehículos que diariamente recorren las vías de circulación del país, sólo han impuesto 550 mil fiscalizaciones en todo un año (2020) y 950 mil (2019), obedece a dos factores dignos de analizar profundamente: a) tenemos un tránsito muy ordenado o b) un personal para fiscalizar a los malos conductores, muy deficiente. Por razones obvias descartamos el primer escenario, por lo que vamos a referirnos y analizar el segundo, aportando algunas locas ideas que serán aplaudidas por unos y rechazadas por otros.
Lo primero es que no es posible una responsabilidad tan grande como la que tiene la DIGESETT a cuesta en el ordenamiento del tránsito cada día, su presupuesto de ingresos sea de apenas mil millones de pesos (1,000,000,000.00) al año (RD$83.3 millones al mes), con la que deberá afrontar todos sus costos operativos y la logística correspondiente. Ello explica la baja cantidad de agentes apostados en las ciudades y los pueblos, para imponer el régimen de consecuencias establecido en la ley 63-17 que rige la materia. Si nuestro superior gobierno no ha visto el ordenamiento del tránsito como una prioridad, al menos que lo vea como una gran fuente de ingresos para el Estado.
A modo de simple ejemplo, exponemos lo siguiente: si mediante contrato se reclutase y formase para esas labores un promedio de dos agentes por cada 1,000 habitantes, tendríamos a nivel nacional unos 20,000 agentes imponiendo el orden en calles de pueblos y ciudades, así como en las carreteras. Si estableciésemos un salario digno, podría muy bien un agente de la DIGESETT ganar al mes mil dólares promedio (RD$57,000.00), que implicaría una carga para la institución de RD$1,140,000,000.00 (mil ciento cuarenta millones) al mes, más el personal directivo, técnico y administrativo con salarios semejantes pero ajustados a la jerarquía de su posición.
Así las cosas, 20,000 agentes de DIGESETT haciendo su trabajo y bien remunerados, con un promedio de cinco fiscalizaciones diarias de cada uno, y que cada multa sea conforme a la ley en base a salario mínimo, estarían aportando al erario unos 1,000,000,000.00 (mil millones de pesos) diariamente (30 mil millones al mes). Sólo disponiendo la institución del 10% de esos ingresos, cubriría toda su abultada nómina y demás costos operativos para adecentar el tránsito en República Dominicana.
Usted diría (con sobradas razones) y de dónde se les va a pagar a esa gente cuando el tránsito esté organizado y no haya tantas fiscalizaciones? Si el tránsito está organizado, no sería necesario tantos agentes; como están por contrato, se les otorgaría sus prestaciones laborales y dejar sólo los que demande un tránsito organizado, en donde los ciudadanos actuaremos apegados a la ley, por el régimen de consecuencias que nos dirá permanentemente: No te dejes multar, que son RD$10 mil por cada multa y acumulable. A partir de ese momento, nos habrá quedado el legado de circular con orden por las vías públicas de nuestro país.
Lo cierto es que para los infractores, esos que provocan el caos y desorden, la implementación de medidas de esta naturaleza no la verán con buenos ojos; sin embargo, el ciudadano correcto, el que día a día sale en su vehículo observando las normas de tránsito y que conduce medianamente bien, pero que aspira al orden, lo aplaudirá con vehemencia. Al final todos saldríamos ganando; tendríamos un tránsito digno de imitar por los demás países de la región.
Todo debe iniciarse desde el INTRANT hasta la DIGESETT; estableciendo una línea de acción en ese sentido; un amplio plan de educación vial; que no se trate de aplicar fiscalizaciones alegres, sino las justas, a las faltas que realmente son cometidas por los conductores y admitidas por estos o demostradas en el tribunal de tránsito. Es posible adecentar nuestro tránsito; sólo nos falta la voluntad política.
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