AP
Guatemala
El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.
Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero la inclusión de sus nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.
La difusión de la lista tiene lugar en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden ha dado nueva atención a la corrupción en la región, ya que considera que es uno de los factores que contribuyen a la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.
Ricardo Zúñiga, enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica, dijo el jueves que la lista no era definitiva y que la cancelación de visas de Estados Unidos a las personas mencionadas no elimina la posibilidad de otras sanciones. La referida ley obliga al Departamento de Estado a proveer una lista al Congreso al menos una vez al año.
La lista es elaborada con información confidencial y no confidencial, y prestó más atención a casos que implicaban a personas actualmente en el gobierno o en posiciones cercanas al poder que a delitos añejos, afirmó Zúñiga.
“La corrupción y las transgresiones a la democracia son vistas como algunas de las causas más importantes de la migración irregular procedente de Centroamérica”, afirmó Zúñiga. “Son un lastre para los gobiernos, distorsionan los mercados, socavan los esfuerzos para el desarrollo y, en última instancia, desmoralizan a una población que decide embarcarse en una migración irregular muy peligrosa hacia México y Estados Unidos porque no creen que puedan construir su futuro en su país”.
El hecho de que el Congreso requiera el reporte refleja una preocupación creciente “por el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la considerable reincidencia que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.
Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.
Quizás tan significativa como la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores, es la ausencia en la lista del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.
El mandatario ha negado haber cometido delito alguno. Su hermano, el exlegislador federal Juan Antonio Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.
El analista hondureño Raúl Pineda Alvarado dijo que había muchas expectativas por la lista, pero que en general no incluye a los perpetradores principales, algo que lo decepcionó.
“Si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina”, comentó.
En lugar de nombrar a quienes dan las órdenes y controlan los recursos, la mayoría de los nombres eran de “autores secundarios”, sostuvo.
“Esta lista Engel, de alguna manera era muy esperanzadora, se pensó que sería un golpe demoledor a los verdaderos pesos pesados de la corrupción... pero lamentablemente esas esperanzas se ven frustradas”, declaró.
En cuanto a El Salvador, en la lista fueron incluidos exfuncionarios del gabinete, un juez y la jefa de despacho del presidente Nayib Bukele. La comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, se ha mantenido lejos de los reflectores desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero los funcionarios del gobierno afirman que sigue presente en las oficinas presidenciales.
La lista del jueves detalló que ella “se involucró en corrupción significativa al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que participó en una red de lavado de dinero.
La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder del partido Nuevas Ideas, al que pertence Bukele.
De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”.
Araujo respondió en Twitter diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos.
“Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel.... me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.
Jean Manes, una exembajadora estadounidense en El Salvador que recientemente regresó de manera temporal como encargada de negocios, dijo en un comunicado en video que la estrategia de Estados Unidos en la región se centra en combatir la corrupción porque es el factor más grande que impide el desarrollo.
“Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos”, afirmó.
Eduardo Escobar, jefe de Acción Ciudadana, una organización de rendición de cuentas públicas de El Salvador, dijo que se reunió el miércoles con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, durante su visita al país.
Escobar dijo que, en algunos casos, la lista dio crédito a acusaciones de que algunos miembros del gobierno de Bukele estaban involucrados en actos de corrupción, así como miembros de otros partidos políticos. Añadió que ahora tendrían que ver si la Fiscalía General de El Salvador adopta alguna medida contra las personas mencionadas en la lista.
El gobierno de Bukele no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.
En Guatemala, el expresidente Álvaro Colom Caballeros fue acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala. El actual juez de la Corte Suprema Manuel Duarte Barrera presuntamente “abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo”. Otro magistrado del máximo tribunal salvadoreño, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, opinó que el alcance de la corrupción en el país ha ido mucho más allá de los mencionados en la lista.
“Creo que faltan varios procesados por corrupción”, añadió Sandoval. “En la fiscalía investigamos a cientos de personas y otras cientos han sido condenados. Creo que se deben tocar los puestos altos de las estructuras de corrupción, sobre todo aquellos que la financian.”
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