El escándalo Odebrecht de nuevo en la palestra

 

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  Oficiales al servicio de la Procuraduría movilizan documentos sobre el caso Odebrecht.

Por: Dalton Herrera

SANTO DOMINGO.-Odebrecht, la empresa brasile­ña con tentáculos internaciona­les que a base de sobornos invo­lucró a presidentes, funcionarios y legisladores de al menos 12 países en el mundo, incluyendo a República Dominicana, man­tiene en vilo a la ciudadanía, que espera finalmente el castigo a la corrupción e impunidad.

El miércoles último, el presi­dente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, infor­mó que estarían listos, antes de que finalice este mes, el infor­me y las resoluciones finales de la auditoría realizada a 11 obras ejecutadas por la constructora Odebrecht en el país.

Álvarez detalló que entre es­tas obras figuran la Autopista del Coral, la Autovía del Este, la Cir­cunvalación de Santiago, el Co­rredor Duarte, la Circunvalación de La Romana, la Carretera Ci­bao-Sur, entre otras.

El escándalo internacional to­có las puertas de la República Dominicana cuando en enero de 2017, la Procuraduría Gene­ral de la República, en ese mo­mento liderada por Jean Alain Rodríguez, allanó durante más de seis horas las instalaciones de la constructora en el sector La Es­perilla, de la capital, donde fue­ron incautadas más de veinte ca­jas con documentos.

El allanamiento se enmarcó dentro de las investigaciones so­bre los sobornos, valorados en US$788 millones, que Odebre­cht admitió haber pagado a paí­ses de la región, ante autorida­des judiciales de Estados Unidos y Brasil.

En el caso de República Domi­nicana, Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que dio US$92 millones. Además, también reco­noció que entre 2001 y 2014 los pagos le generaron beneficios de más de US$163 millones, según los documentos.

Por el caso fueron acusados en mayo de 2017, 14 empresa­rios y políticos de los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del Partido Revolucionario Mo­derno (PRM), así como de Leo­nel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del pasado man­datario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Do­minicana (PLD).

Los acusados

Los imputados fueron, en principio, el empresario An­gel Rondon; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el exministro de Indus­tria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exsenador de Santiago, Julio César Valentín; el exdiputado del PRD, Ruddy González; el exdirector de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), César Sánchez; el abo­gado notario, Conrado Pitta­luga y el exdirector técnico de la Empresa Hidroelectrica Do­minicana (Egehid), Bernardo Castellanos.

También el exadministrador de la Corporación Dominica­na de Empresas Eléctricas Esta­tales (CDEEE), Radhamés Se­gura; el exadministrador de la Egehid, Máximo D´Oleo; el ac­tual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán.

Estos estaban acusados de los delitos de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asocia­ción de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, falsedad en declaración de bie­nes, para los cuales el Código Penal contempla penas que van desde dos meses hasta 10 años de prisión.

Para conocer el caso en ins­trucción, el presidente de la Su­prema Corte de Justicia en ese entonces, Mariano Germán, designó el 27 de mayo al juez Francisco Ortega, quien des­pués de celebrar varias audien­cias, el 7 de junio del 2017 im­puso medida de coerción a 13, prisión preventiva para 7, arres­to domiciliario para 3, y garan­tía económica e impedimento de salida a tres. Más tarde, im­puso coerción al número 14.

El 8 de julio del 2017, la Se­gunda Sala Penal de la Supre­ma, actuando como corte de apelación, dispuso la libertad bajo fianza de 6, variando la prisión preventiva por garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. A otros, el cambio de la prisión la dispuso el juez de instrucción. La PEPCA, que diri­gía Laura Guerrero Pelletier, ha­bía solicitado 18 meses de pri­sión preventiva contra todos los imputados.

Posteriormente fue incluido en el expediente el actual mi­nistro de Interior y Policía, Je­sús Chu Vásquez; sin embargo, tanto él como Alfredo Pacheco, Máximo D’Oleo, Temístocles Montás, César Sánchez, Bernar­do Castellanos, Julio César Va­lentín y Ruddy González fueron excluidos por no encontrarse suficientes elementos de prue­ba en su contra.

En ese mismo mes, al decidir el Ministerio Público la apela­ción, la presidenta de la cáma­ra penal de la Suprema, Miriam Germán Brito (hoy procurado­ra), afirmó que hay evidencias de que el ministerio público tie­ne dificultades para probar la acusación y advirtió de que si no mejora no tendría éxito en un posible juicio de fondo.