Jorge Miguel Mateo Reyes, Abogado. |
Desde el inicio del estado de emergencia por el COVID-19, se ha promovido en la palestra pública la idea del uso de hasta el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores formales en las distintas administradoras de fondos de pensiones; dicha propuesta con el objetivo de palear la posible crisis económica individual de cada trabajador por la pandemia.
La propuesta ha tenido muchos defensores y ha concitado cierto apoyo, pues es lógico que el trabajador quiera hacer uso de su “ahorro” obligatorio en tiempos de incertidumbre económica. Pero más que por la realidad actual, la idea de que sea tan atractiva la propuesta, a mi entender, es por el deficit de credibilidad y confianza que tienen actualmente las administradoras de fondos de pensiones y el mismo sistema. Procedo a explicar dicha consideración en las próximas líneas.
El sistema de pensiones actual (o nuevo Sistema de Pensiones), fue implementado a partir de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entre otras cosas, en dicha ley se establece el régimen contributivo el cual está basado en la capitalización individual a partir de los aportes depositados en una cuenta propiedad del “afiliado” (trabajador). Dichos aportes son una combinación de pagos efectuados por los trabajadores (30%) y los empleadores (70%).
Al cabo de 360 cuotas/aportes realizados -en principio, en razón de 1 por mes- y mínimo 60 años de edad, salvo excepciones, el trabajador podrá obtener su esperada y ansiada “pensión por vejez”, lo cual implica trabajar casi de manera ininterrumpida en el mercado laboral formal.
Es decir, el trabajador delega, de manera obligatoria, su capacidad de administración de sus “ahorros” en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) bajo la presunción de que esta podría lograr mayor rentabilidad, ya que las AFPs tendrían acceso a ciertos instrumentos financieros, que por tema de recursos, estarían vedados al trabajador promedio; lo anterior, sin introducirnos en la capacidad de ahorro que tendría que tener el trabajador dominicano.
Ahora bien, la realidad actual es que el trabajador promedio no percibe qué se hace con su dinero, no lo comprende. En países con similares sistemas de pensiones, es constante la publicidad sobre, por ejemplo, los proyectos ejecutados con fondos de pensiones (incluyendo proyectos de infraestructura vial, viviendas, etc.), pero aquí…
Asimismo, la falta de confianza se profundiza con los constantes reportes sobre como el trabajador promedio no lograría una pensión digna por vejez al momento de retirarse, en algunos casos la pensión ni alcanzaría los RD$10,000, lo cual se traduce en que el sueño que venden las AFPs sobre una “buena administración” es deficiente.
Dichos reportes en muy pocos casos son refutados por las AFPs, siendo un deber de estas defender su gestión, no del gobierno, pues son empresas privadas. Esta dejadez por parte de las AFPs en aumentar la confianza de los trabajadores en el sistema puede deberse a que como los “aportes” son obligatorios, a quien hay que captar no es al trabajador, aun cuando sea el beneficiario final, sino al empleador, por ende, el objetivo de las AFPs es atraer a empleadores (mucho de los cuales están diseñando día a día su propio plan de pensión al margen del sistema) por ende, no hay incentivo alguno en explicar el funcionamiento del sistema, contrarrestar los reportes sobre un futuro incierto y mucho menos aumentar la fe en el sistema.
Dado esto, el trabajador más que un sentimiento de colaborar con el sistema, producto de la imposición/retención de ingresos conjuntamente con la incertidumbre de que en realidad en 30 años podrá depender de una pensión se genera un sentimiento de inconformidad, desapego y deseo de modificación de dicha realidad; sentimiento el cual es entendible y por ende es necesario, en su momento, discutirlo.
Es necesario entender que el sistema de pensiones al igual que el monetario financiero (bancario) se basa en la confianza, por lo que si no hay confianza en tu prestadora (AFP), la relación se erosiona y por ende hay más espacio a propuestas de todo tipo, incluyendo las propuestas populistas como la que actualmente se discute.
En una próxima entrega pretendo continuar el análisis de este sistema así como ampliar sobre mi afirmación de que la propuesta actual no implica una modificación estructural así como tampoco con ella se lograría satisfacer el deseo de los trabajadores.
Por Jorge Miguel Mateo Reyes, Abogado.
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