Durante muchos años hemos abordado el tema de la resiliencia, entendida como la capacidad de responder ante situaciones de adversidad, absorber perturbaciones y sobreponerse a períodos de dolor emocional. También hemos logrado extrapolar el concepto de resiliencia y aplicarlo a la política social, para que los programas y proyectos sociales estén en capacidad de responder efectivamente a situaciones de calamidad, apoyando a la población en sus horas más difíciles.
Con ese concepto en mente, pensamos y diseñamos un amplio conjunto de protocolos, implementamos pilotos y fortalecimos la institución, siempre pensando en la ocurrencia de un fenómeno atmosférico, un terremoto o alguna otra catástrofe de índole natural.
Lo que nunca nos imaginamos es que la protección social sería puesta a prueba por una crisis sanitaria de dimensiones inesperadas, que obligaría a toda la población a suspender sus actividades económicas y sociales. Pero más aún, una crisis que está sucediendo a la misma vez en la mayor parte del planeta, generando un panorama incierto para la humanidad que solo podrá ser superado en la medida en que adoptamos políticas sociales bien pensadas y ejecutadas.
En el contexto actual, la resiliencia de la protección social obliga a una ampliación horizontal del universo de beneficiarios, es decir, más personas recibiendo la ayuda directa del Estado. Pero a la vez, requiere de una ampliación vertical de los beneficios del programa, lo que quiere decir que se destina una mayor cantidad de fondos por beneficiario.
Esa ha sido la respuesta resiliente de los programas sociales ante la crisis del coronavirus, dando alivio en pocos días a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad identificadas en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios, que vale la pena aclarar que no construyó los listados de beneficiarios luego de la crisis, si no que ya estaban identificados como elegibles para los programas sociales, luego de concluido el Estudio Socioeconómico de Hogares del 2019.
Toda esta situación ha rescatado un concepto que por muchos años se ha discutido a nivel internacional sobre la renta básica, un ingreso garantizado a los ciudadanos para combatir la desigualdad social. En el marco de la crisis del coronavirus, cada país ha adoptado medidas parecidas en lo relativo a transferencias monetarias, con un enfoque hacia los ciudadanos vulnerables y los trabajadores informales.
Sobre la renta básica hemos escrito en otras ocasiones, resaltando que tenía mucho que ver con la disminución de la jornada laboral y con ofrecer garantías a los ciudadanos para que la sobrevivencia básica esté siempre a su alcance.
Sin embargo, hoy vuelve al debate ante la emergencia social que vive la humanidad, que requiere de una renta básica garantizada para disminuir los riesgos de una crisis social y el retroceso en indicadores de alimentación y nutrición.
Adoptar la renta básica a todos los hogares en pobreza tiene costo estimado de 4,7% del PIB, según se planteó en una reciente videoconferencia con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe. El planteamiento hace mucho sentido desde el punto de vista de la resiliencia social, porque no podemos dejarle al mercado la solución de esta crisis.
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