Mario Díaz
SANTO DOMINGO.- El Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana ( FENATTRANSC), consideró que el Presidente de la República debe prestar mayor apoyo económico al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a fin de que
este organismo puedan cumplir con las urgentes tareas que tiene al frente para resolver el
caos existente en el transporte público e, igualmente, la de motorizar acciones que tiendan a
modernizar ese servicio en beneficio de la ciudadanía.
Mario Díaz dijo asimismo, que el incremento de los aportes que hace el gobierno al (INTRANT), será de gran valía en razón de que el organismo podrá implementar “la enorme cantidad de planes que tiene programados”, entre los que mencionó la sustitución de la flota vehicular, la cual hace 7 años que no se
renuevan, siendo esa a razón de que existan tanto vehículos chatarras en el transporte de pasajeros y de cargas.
Sugiere que el gobierno entregue al (INTRANT) “los casi dos mil millones de
pesos recaudados mediante la ley 253-12, disposición que fue especializada para la sustitución
de la flota vehicular del concho, así como el transporte de cargas.
“Con los recursos acumulados en el fondo creado mediante la ley 253-12, el organismo
regulador del transporte en el país, estará en condiciones óptimas para emprender acciones
inmediatas en la organización y modernización del transporte, sino también para diseñar una oferta real y viable que permita financiar a los trabajadores del sector transporte de pasajeros
y de cargas el país”, sostuvo Díaz.
Señaló que el modelo de transporte de concho requiere de una transformación urgente, ya
que ese negocio debe viabilizase por medio de empresas cooperativas como bien lo señala la
ley 63-17, pero “con una decidida participación estatal” en respaldo de la economía solidaria,
que sin lugar a dudas es el eslabón más sólido para el combate de la pobreza.
Destacó que en los gobiernos del Dr. Balaguer se estableció la colectivización del
transporte a través del sistema cooperativo con participación estatal como una forma de
controlar la administración de los recursos invertidos por el Estado dominicano en la compra
de unidades vehiculares para el transporte público de pasajeros.
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