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| Sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, en Santo Domingo. |
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General solicitará medidas de coerción contra siete militares que, aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, conformaron una red que ingresó al país de manera irregular 220 armas de fuego, en operaciones a las que daba apariencia de legalidad.
Entre los imputados figuran el general de brigada Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artilez, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho y José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, en la mayoría de los casos con más de veinte años en la institución.
Además, Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de una armería que vendía las armas traficadas, indica la Procuraduría en nota enviada a ALMOMENTO.NET.
Bienvenido Cordero Batista, general de brigada paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), se desempeñaba como director General del Material Bélico del Ministerio de Defensa, y era el “encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlo con su firma”, dijo la Procuraduría General.
La Procuraduría informó que Félix Francisco Pérez Artliez, teniente coronel del Ejército, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, “se ocupada de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines”.
Esteban Marrero Ruiz, mayor del Ejército, según “era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía, tramitando todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia”.
Mientras Francisco Mercedes Medrano, capitán del Ejército, era el encargado de archivo y confeccionar las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico.
En tanto que Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del Ejército, asistente del director General de la Intendencia del Material Bélico, “era quien supervisaba al personal de trabajo, y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación”.
Asimismo, José Miguel Torres Rodríguez, primer teniente de la Policía Nacional, fungía como encargado de las Armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico. “Concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas”, dijo la Procuraduría.
Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del Ejército, es el propietario de Armería Inversiones Heptágono, compañía que “se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados”.
Tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde 2012 “se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de 300 mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante Decreto número 309-06”.
Luego de varios allanamientos, el Ministerio Público descubrió que siete militares eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país.
El Ministerio Público, que gestiona la prisión del grupo a través de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, le ha asignado a los hechos indicados la siguiente Calificación Jurídica Provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.
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