El Gobierno se estaría planteando naturalizar o nacionalizar a todos los extranjeros y sus descendientes que residen en territorio dominicano, aun incluyendo aquellos que no posean documentos.
Sin que arroje absoluta claridad sobre si se trata de un plan para amnistiar a los extranjeros y sus descendientes en el país, el Poder Ejecutivo propondría convalidar (legalización) todas las actas de nacimiento expedidas a personas de ascendencia extranjera o no, y que hayan sido instrumentadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, desde el año 1929 al 2007.
Una simple lectura de un anteproyecto que ha elaborado el gobierno en esa dirección induce a pensar que el objetivo del plan es legalizar la presencia y permanencia aquí de todos los inmigrantes haitianos y sus descendientes (población mayoritaria de extranjeros en República Dominicana).
De ser así, se trataría entonces de una decisión gubernamental que entraría en franca confrontación con el espíritu de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que más bien manda a un plan nacional de regularización de extranjeros irregulares en el país, no una amnistía que es lo que al parecer se persigue en este caso para favorecer a extranjeros, tengan o no éstos, actas de nacimiento.
El anteproyecto que ha elaborado el Poder Ejecutivo establece como requisitos que para beneficiarse de la referida convalidación, que será necesario constatar que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad.
Sin embargo, trascendió que un tranque ha retrasado el sometimiento del anteproyecto a la consideración del Congreso Nacional, debido a que el mismo encuentra una fuerte oposición dentro del propio Gobierno.
Informes extraoficiales dan cuenta de que desde el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, hasta el ministro de Interior y Policía, José Ramón –Monchy- Fadul se oponen a elementos esenciales del contenido del referido anteproyecto.
Igualmente, se dijo que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, también objeta la iniciativa gubernamental, porque la misma se traduce en una amnistía a todos extranjeros y sus descendientes que residen en República Dominicana.
De conformidad al artículo 3 de la pieza, las actas de nacimiento legalizadas en virtud de la presente ley, convalidan igualmente, con eficacia retroactiva a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de su titular.
Ordena que la JCE disponga que las personas beneficiadas con la convalidación, a las que en el pasado les hayan sido expedidas cédulas de identidad y electoral, se doten del mismo documento con su anterior numeración.
“La Junta Central Electoral deberá proceder a demandar, por ante el tribunal competente, con garantía del principio de contradicción y las demás reglas del debido proceso de ley, la nulidad de aquellas actas de nacimiento que se correspondan con situaciones de duplicidad o suplantación de identidad, debiendo disponer el tribunal en esos casos, la cancelación del documento que en base a las mismas hubieren sido expedidas”, precisa.
Señala también que puede acogerse con eficacia retroactiva toda persona que habiendo nacido en territorio dominicano no figure inscrito en el Registro Civil o que el mismo haya sido anulado por un tribunal competente.
“Para optar por la regularización documental en los términos de esta ley, la persona interesada deberá formalizar una solicitud al Ministerio de Interior y Policía, adjuntando las pruebas que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos”, consigna.
Motivaciones y justificación del proyecto
La dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna son los principales argumentos, entre otros, que motivan el anteproyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo.
También, la iniciativa parte tomando en consideración que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, y que su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Otro considerando: “Resulta de alto interés y prioridad para el Estado dominicano la adopción urgente de medidas que posibiliten el derecho a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, a la salud, a la familia, al libre tránsito, al trabajo y a la educación, entre otros, de un importante sector de la población de la República Dominicana integrado por los descendientes de padres extranjeros no residentes.”
Asimismo, indica que los procedimientos de regularización documental contemplados no requieren trámites de ratificación u homologación por parte de los tribunales dominicanos, “y serán gratuitos”.
POR FRANCIS JEREZ
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