Un hombre señalado como padre de un niño tiene la opción de realizarse una prueba de ADN para confirmar o rechazar la filiación, cuyo costo estaría a cargo del Estado, a través a través del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani), según explica la propuesta del anteproyecto de Código de Familia, presentado por la Vicepresidencia de la República.
La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, explicó que el artículo 323 de la citada pieza establece la posibilidad de que la mujer pueda indicar el nombre del hombre con quien procreó al hijo que declara, no obstante el hombre señalado como padre tiene la opción de realizarse referida prueba.
Cedeño de Fernández aseguró que la propuesta del anteproyecto de Código de Familia apela a la equidad y la igualdad de género, por lo que exhortó a los hombres a no preocuparse, ya que la mujer que lo señale falsamente como padre de un niño incurriría en sanciones penales y civiles que serían sancionadas.
“Tengan la plena garantía, la plena seguridad de que no se trata de que ningún hombre aquí pueda ser objeto de abuso por parte de ninguna mujer. Y que de lo que se trata es única y exclusivamente de proteger los intereses y los derechos del niño y de proteger el interés superior del niño, que es lo que finalmente va a generar que tengamos familias sanas, sociedades unidas, sociedades que progresen y sociedades que vivan felices, porque cuentan con un sistema nacional de protección hacia la niñez y hacia la familia como el que queremos dar a través del Código de Familia”, puntualizó.
Indicó que “en el caso de las declaraciones, de lo que se trata es que la madre hace la declaración, y antes de ser asentada en el libro de la Oficialía del Estado Civil, tiene que notificársele al presunto padre, y este, tendrá un plazo de dos o tres meses para negar esa presunción”, precisó la Vicemandataria, quien presidió la comisión redactora del código, integrada por representantes de distintas instituciones.
La vicemandataria dijo que el párrafo VI del citado anteproyecto estipula la obligación del Oficial del Estado Civil de informar a la madre sobre la responsabilidad penal en que incurre si miente al indicar como padre a quien no lo sea, tras ser determinado por pruebas científicas realizadas tanto al padre como al hijo o hija.
El contenido del anteproyecto amplía la protección que ofrece la Ley 136-03, del Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.
La Convención, como instrumento jurídico internacional, establece que los estados miembros tienen el compromiso de tomar las medidas judiciales y administrativas tendentes a asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a lograr avances sostenibles para el efectivo goce y ejercicio de los derechos de esa población.
También manda que los estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
La citada ley y la convención resaltan la obligación del estado de tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño
Previo a la entrega al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, un equipo de experimentados juristas encabezó debates y presentaciones de la propuesta en todo el país. La comisión se conformó mediante el decreto 1602-04.
“Este es un Código de Familia que yo les invito a que a partir del depósito por parte del presidente Danilo Medina, lo veamos, lo vamos a discutir, lo vamos a airear aún más, porque ya se hizo en el proceso antes de la entrega y durante la elaboración del mismo lo discutimos en todas las provincias. Pero ahora igual lo pondremos en el debate para seguirlo enriqueciendo”, afirmó Cedeño de Fernández.
La Vicepresidenta ha manifestado también que la comisión redactora estaba consciente de que el anteproyecto sería objeto de amplios debates, ya que tras revisar casi 100 años de jurisprudencia dominicana en materia de familia y del marco jurídico a nivel nacional e internacional, logró una legislación inclusiva y moderna, que propicia la igualdad, la justicia social y la equidad de género.
La propuesta de ley citada no crea indefensión, más bien, refuerza protección de los derechos del niño o niña, promueve la paternidad responsable y protege a la familia.
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