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En una comunicación dirigida al ministro de Turismo, Francisco Javier García, expresa “le solicitamos realice las gestiones de lugar ante los operadores hoteleros y del sector turismo en general, a los fines de darle a conocer nuestra política criminal de atención respecto de los casos de proxenetismo y trata de personas, así como lo referente a las prácticas de explotación sexual”.
A los fines de combatir ese flagelo, el magistrado Domínguez Brito creó este año la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que dirige el magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, a través de la cual se ha iniciado un plan preventivo y de persecución de ese delito.
Como resultado de los trabajos llevados a cabo por ese organismo, así como por las procuradurías fiscales, las cuales han sido instruidas al respecto, recientemente han sido cerrados establecimientos en diversas zonas, y sometidos a la justicia sus propietarios o administradores, quienes cumplen medidas de coerción en diferentes recintos penitenciarios del país hasta tanto el Ministerio Público concluya las investigaciones.
En ese sentido, el magistrado Domínguez Brito también resaltó la colaboración ofrecida por el Ministerio de Turismo a todos los esfuerzos del Ministerio Público en contra de las diferentes modalidades de la explotación infantil.
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