El dirigente sindical dijo que aunque esas necesidades justifican las demandas, en el país la situación no es tan difícil como para justiciar igualmente una huelga general, método del que consideró que la población está cansada por ser repetitivo.
Recordó para sustentar su juicio que en el régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer éste llegó incluso a dejar de temer a las huelgas al sugerir en ocasiones a los convocantes que las hicieran pero de manera pacífica.
En esta ocasión también criticó a los convocantes que en la huelga general anterior se negaran previamente a negociar con las autoridades las demandas y en su lugar pidieron al gobierno que sólo tenía que llevar a cabo los cambios exigidos.
Al respecto dijo que en el caso del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), uno de los convocantes en el movimiento social, hay dos posiciones encontradas a favor y en contra del llamamiento al paro por lo que consideró falta de un liderazgo.
Interpretó que igual ocurrió en abril de 1984 que los dirigentes políticos “sobre todo de izquierda” fueron sorprendidos por el pueblo que se lanzó a las calles a protestar por el alza masiva de precios durante esa semana santa por efecto de un acuerdo del gobierno de Jorge Blanco y el FMI.
En otro orden, Abreu consideró necesario que la ley de seguridad social vigente sea modificada incluso con el objetivo de eliminar el burocratismo intencionado que impide a los pensionados recibir esos beneficios.
Fustigó que las Administradoras de Fondos de Pensiones lograran un contrato de discapacidad y sobrevivencia que declara caducos los reclamos de pensión a los dos años, tiempo que no pocas veces dura la viuda de un trabajador en conseguir la documentación para recibir ese beneficio, “cuando en otros países ese derecho nunca se vence”.
Otro problema que hace necesario modificar la ley de seguridad social de acuerdo con el dirigente sindical es que la mayoría de los médicos especialistas rehúsan firmar contratos con las prestadoras de servicios porque luego tardan mucho tiempo en pagarles.
“Los principales especialistas no figuran en el Seguro Familiar de Salud, que es un derecho de todos al mejor tratamiento, por lo que hay que examinar esa legislación y adaptarla a los requerimientos de los afiliados. Pesan más los intereses de clínicas, de las ARS y de los especialistas que los de la población a la que todos dicen defender, aunque a la hora de la verdad la población queda indefensa”, sentenció.
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