La dirección del Partido Revolucionario Dominicano instruyó a sus diputados a impedir con su asistencia masiva y puntual a la sesión del día de hoy de la cámara baja que el Partido de la Liberación Dominicana logre reunir el quórum de las dos terceras partes necesario para aprobar un proyecto de ley que reduciría las transferencias del Estado a los ayuntamientos en una suma ascendente a RD$ 1, 049, 040,000 (Mil cuarenta y nueve millones cuarenta mil pesos). En carta dirigida por Orlando Jorge Mera, secretario general, a Nelson Arroyo y Ruddy González, vocero y vocero electo de los diputados perredeístas, les solicita pronunciarse en contra del referido proyecto perjudicial para los servicios que prestan los ayuntamientos y para el derecho de la población a disfrutar de ciudades más limpias, seguras y organizadas.
La comunicación de Jorge Mera dice interpretar el sentir de la alta dirección y el liderazgo perredeísta, especialmente del Presidente, ingeniero Miguel Vargas, y el candidato presidencial, Hipólito Mejía, quienes son fieles a la filosofía municipalista y el compromiso con la gente contraído por el PRD.
Dice el secretario general que su partido se identifica plenamente con la preocupación manifestado por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) en relación a la iniciativa número 01732-2010-2016-CD incluida en la orden del día de la sesión ordinaria No. 00032 de fecha de 19 de julio de 2011, iniciada en el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo y aprobada por la cámara alta el pasado 17 de julio de 2011 en la que, violentando la autonomía municipal y el derecho adquirido que tienen los ayuntamientos a percibir recursos suficientes para la ejecución de sus competencias, el Gobierno Central dispondría una reducción de las transferencias del Estado a los ayuntamientos ascendente a RD$ 1,049,040,000 (Mil cuarenta y nueve millones cuarenta mil pesos).
“Este hecho constituye un nuevo golpe contra los ayuntamientos del país que se agrava por haber sido realizado con premeditación y manipulación al contemplar en el párrafo III del artículo 1º del decreto presidencial 186-11 de fecha 24 de marzo de 2011 excluir de la aplicación del ajuste del 12% del gasto público a “todas aquellas instituciones que tienen porcentajes establecidos en leyes específicas”. Éste es el caso de los ayuntamientos que reciben su financiación a través de la Ley 166-03 sobre transferencias, según la cual los ayuntamientos deben percibir un 10% de los ingresos ordinarios del Estado”, advierte Jorge Mera.
Y considera que “este es un nuevo atentado a la institucionalidad nacional que el PRD condena enérgicamente porque el Ejecutivo instruyó al mismo tiempo a los senadores peledeístas a aprobar una ley contraria a lo establecido en su propio decreto. Lo que si no es un engaño, representa una falta de cohesión política por cuanto el conjunto de senadores corresponden al partido que mal gobierna el país”.
Agrega que tal y como ha denunciado la FEDOMU, esta disposición ocurre en un momento en el que los ayuntamientos se encuentran en serias dificultades económicas como consecuencia de los aumentos constantes del precio del combustible, los materiales de construcción, repuestos automotrices, la incursión obligatoria de los servidores públicos locales en el régimen de la seguridad social, etc.
Afecta propagación epidemias
De igual manera, puntualiza, este hecho se presenta cuando el país vive una crisis de salud pública con la propagación de la epidemia del cólera, el dengue y la leptopirosis que requieren la intervención e inversión de los ayuntamientos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Por tanto, el Congreso debiera abocarse a fortalecer el sistema de financiación municipal mediante el cumplimento de la Ley 166-03 y la transferencia de tributos de vocación municipal en vez de contemplar recortes presupuestarios”.
Fuente: El Nuevo Diario.
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